FUNDACION UNIR BOLIVIA

(21julio) El sexto mes del año tuvo reclamos de índole laboral y salarial -igual que en abril y mayo- pero esta vez ligado a cuestionamientos a la deficiente prestación de servicios del Estado (gobierno central, prefectura o municipio) y de interés legal, es una de las conclusiones del informe sobre conflictividad en Bolivia que realiza mensualmente la Fundación UNIR Bolivia.

El análisis se basa en las noticias publicadas en seis periódicos nacionales como La Razón, La Prensa, Los Tiempos, Opinión, El Deber y El Mundo. UNIR Bolivia desarrolló un sistema computarizado de cruce de datos con la duración y nivel de gravedad de cada conflicto, desarrollado por la iniciativa de Investigación sobre Conflictos.

Los datos de los conflictos
El reporte señala que los primeros cinco tipos de conflictos son en 25% de origen laboral y salarial, el 21 por prestaciones de servicios estatales, el 17 % de orden legal, el 13% por cuestionamiento a la autoridad electa y el 13% por conflictos por el modo de realizar actividades que junto a otros hacen un total de 24 casos registrados en la prensa escrita.

Sin embargo sólo en 4% se conocieron las soluciones que llegaron por acuerdo, el 50 % continúa en conflicto, el 17% entraron en cuarto intermedio, y el 13% se desconoce que sucedió debido a la inexistencia en la prensa de una cobertura informativa posterior a su reporte inicial.

El gobierno central ocupa el primer lugar dentro de los principales blancos de las medidas de presión instrumentadas por los sectores en conflicto, con una representación individual igual al 54% del total de eventos registrados. Le siguen la alcaldía de Santa Cruz, Prefectura de Tarija, Concejo Municipal de El Alto, y la embajada de los Estados Unidos en Bolivia, entre otros.

La escala de los tres principales
El análisis revela que los tres principales conflictos en junio fueron los Cooperativistas mineros de Potosí vs. Gobierno. Los afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin-Potosí) exigieron la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la exención de impuestos para el sector. Un cuarto intermedio y una pausa de 60 días significaron una salida a un conflicto que implicó marchas, tomas, bloqueo de carreteras y la quema de edificios públicos en Potosí, la escalada del conflicto y su intensidad marcó la diferencia frente a los otros desencuentros.

El segundo es de las organizaciones sociales de Yacuiba vs. Prefectura de Tarija. Las organizaciones sociales de Yacuiba se movilizaron para que la Prefectura de Tarija reconociera a Marcial Rengifo como subprefecto de ese departamento, tras su victoria en las urnas el 15 de junio. Luego de varios días de bloqueos de caminos y de amenazas de radicalización de acciones por parte de los campesinos de Tarija, las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el 10 de agosto, fecha prevista para la realización del referendo revocatorio en el país.

El tercero del magisterio urbano del país vs. Gobierno. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) demandó un incremento salarial del 15%, una nueva Ley de Pensiones, una nueva ley educativa, un nuevo sistema para el ascenso de categoría dentro del escalafón del magisterio y cambios en la administración de la educación nacional. Un paro de 72 horas de recurrencia escalonada y numerosas marchas en las principales capitales del país marcaron el devenir de este conflicto, que, en junio, no concitó ninguna señal clara de resolución.

Ver más:
  Informe sobre conflictividad de junio 2008
 Gráfico de la conflictividad junio 2008